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26/07/2010 - Razón Publica,org

Ojos que no ven, corazón que no siente

Durante ocho años el gobierno negó la existencia del conflicto armado, lo que impidió avanzar en la solución de la crisis humanitaria. El presidente Santos tiene la palabra... y la esperanza.

Escrito por María Victoria Duque López   
Lunes, 26 de Julio de 2010 01:30


Cambio de gente, cambio de estilo

El país entero parece coincidir en que el próximo 7 de agosto cambiará el estilo de gobierno. Los nombramientos de Juan Camilo Restrepo y María Ángela Holguín en los ministerios de Agricultura y Relaciones Exteriores respectivamente y el hecho de haber invitado a la posesión a los presidentes Correa, de Ecuador, y Chávez, de Venezuela, se entienden como síntomas de que el presidente electo, Juan Manuel Santos, tiene el propósito de diferenciarse de su antecesor.

Pero tal vez otro asunto en el que el presidente Santos podría poner un sello personal a su gobierno es el manejo que le dé al conflicto armado y a la crisis humanitaria que persiste en el país, empezando, por supuesto, por aceptar la existencia del primero, que tiene graves repercusiones en los países vecinos. Pese a los diez años de Plan Colombia y a los ocho de la Seguridad Democrática, las FARC mantienen hoy presencia activa con los frentes 5 y 57 en el noroccidente, el frente 6 y la columna móvil Jacobo Arenas en el occidente, los frentes 48 y 34 en el sur del país, y la columna móvil Teófilo Forero en el oriente. A su turno, el ELN continúa haciendo presencia en departamentos como Cauca y Nariño, en su nicho histórico en el nororiente, y en el departamento de Arauca. Aunque se puede afirmar que los grupos guerrilleros ya no tienen una base social motivada por intereses políticos, conservan un no despreciable poder militar.

El desprecio es de todos

Las bandas emergentes están presentes en casi todo el país. La Policía Nacional estima que cuentan con más de 4 mil hombres en armas, mientras los cálculos de las organizaciones no gubernamentales indican que ese número podría llegar a más de 10 mil. En julio de 2009 se conocía –y reconocía− su presencia en por lo menos 173 municipios ubicados en 24 de los 32 departamentos. La información de que dispone la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, señala que estos grupos aumentan su capacidad operativa y organizativa cada día.

Hoy por hoy la confrontación armada señala, en primer término, una tendencia hacia el dominio de territorios estratégicos para la producción, tránsito, y comercialización de cocaína y armas, y en segundo lugar para la defensa de la retaguardia de los grupos guerrilleros. La confrontación entre las FARC, el ELN y las “bandas emergentes” se basa fundamentalmente en el dominio territorial, que a su vez garantiza el control sobre el negocio de estupefacientes.

El cambio de la confrontación armada hacia el manejo de la economía ilegal, así como el rechazo tanto de las guerrillas como de las bandas emergentes del derecho internacional humanitario, se agrava con su reconocido desprecio por los derechos humanos y con la violencia que ejercen contra la población civil. Se tiene la impresión de que este desprecio también se da en algunas instancias del gobierno, en especial en contra de los campesinos, los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas. Todo lo anterior tiene como consecuencia que, pese a los resultados de la Política de Seguridad Democrática del gobierno que termina, aún subsisten, en forma grave, altos niveles de desplazamiento forzado, reclutamiento de niños, niñas y jóvenes, masacres, siembra de minas antipersonal, ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y asesinatos de personas protegidas.

Para el análisis de los desafíos que enfrentará el próximo gobierno en este terreno, bien vale la pena reflexionar sobre el estado actual de la crisis, valorando algunas de las condiciones que la configuran.

Para pero no para

De acuerdo con los datos oficiales, el fenómeno del desplazamiento forzado viene decreciendo en forma constante. Aunque las cifras no concuerdan con la información entregada por organismos no gubernamentales expertos en la materia, como es el caso de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, aún así, los datos oficiales[1] de 2009, son elocuentes:

  • 7.502 personas fueron víctimas de desplazamientos masivos;
  • Se presentaron aumentos en el número de personas que se desplazaron dentro de la misma cabecera en 40 municipios. Medellín es el caso más grave, con un aumento del 66 por ciento.
  • Bogotá, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y Cauca, son los mayores receptores de población desplazada, con un 49 por ciento del total.
  • Antioquia, Nariño y Cauca son los departamentos que mayor número de personas expulsaron.
  • Se calcula que la población desplazada podría haber perdido entre 1,2 y 10 millones de hectáreas como consecuencia directa del desplazamiento[2].

Lo anterior sin mencionar que los campesinos, las comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas son víctimas permanentes de este fenómeno y que su situación es aún de mayor vulnerabilidad si se tiene en cuenta su importante relación con el territorio.

Colombia mutilada

En el año 2009 se registraron en el territorio nacional 29 masacres que dejaron 147 víctimas, entre las que se encuentran al menos 19 menores de edad[3]. Antioquía y Nariño presentaron el mayor número, 11 y 8 respectivamente. El pueblo Awá, en el departamento de Nariño, fue víctima de dos masacres, en febrero y agosto, en las que murieron 23 personas.

El Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, reportó en 2009, 421 accidentes[4] con minas antipersonal que causaron 670 víctimas civiles y militares y 1.107 incidentes[5]. Lo anterior indica un aumento del 11 por ciento en eventos provocados por estos artefactos explosivos, con respecto al año inmediatamente anterior. En 23 de los 32 departamentos del país ocurrieron accidentes. Antioquia, Caquetá, Meta, Nariño y Norte de Santander concentraron el 67 por ciento del total. El gobierno hace responsables a las FARC del 80 por ciento de los casos. Las bandas emergentes Los Rastrojos y Nueva Generación han venido sembrando minas antipersonal en aras de proteger áreas y caminos que conducen a cultivos ilícitos y laboratorios para el procesamiento de narcóticos. De acuerdo con la ONU, la siembra de minas antipersonal ha provocado, además de víctimas, el aislamiento de una gran cantidad de comunidades afrocolombianas e indígenas.

Protección que no protege 

Según el gobierno colombiano, en 2009 hubo 28 homicidios contra sindicalistas en 12 de los 33 departamentos: Córdoba, Arauca, Risaralda, Santander, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cauca, Cesar, Chocó y Tolima. Sin embargo, la Confederación Sindical Internacional (CSI) advirtió que en sus registros aparece Colombia con 48 sindicalistas asesinados, de un total de 101 en el mundo, en dicho período.

El mismo año, el 27 por ciento del total de homicidios cometidos contra maestros afiliados a organizaciones sindicales se concentró en Córdoba; en Arauca, el 20 por ciento; en Risaralda el 13 por ciento. En cuanto a los homicidios de sindicalistas de otros sectores, se registraron casos en Santander, 23 por ciento, Córdoba, 15 por ciento, y Antioquia, Arauca, Bolívar, Cesar, Norte de Santander, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca[6], con un asesinato cada uno.

Según Verdadabierta.com, 42 dirigentes han sido asesinados por exigir sus tierras desde la desmovilización de los ‘paras’ y 400 han sido amenazados, especialmente en Córdoba, Antioquia, Bolívar, Chocó, Sucre, Cauca, Valle del Cauca, Magdalena Medio y el Catatumbo.

Y para completar, el DAS

Interceptaciones de teléfonos y correos electrónicos, seguimientos, hostigamientos y amenazas, robos de información e ingresos ilegales a oficinas y domicilios, sabotaje y descrédito, son parte de las graves irregularidades en las que el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, ha incurrido de manera generalizada y sistemática, al menos desde el año 2003. Éstas fueron dirigidas contra defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas y altos funcionarios del gobierno, y del Estado como magistrados de la Corte Suprema, y contra la comunidad internacional: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relator Especial de las Naciones Unidas y Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia. En muchos casos estas acciones tenían como objetivo neutralizar las labores desarrolladas por las víctimas y defensores de derechos humanos. Algunos de los activistas vigilados por el DAS han sido objeto de amenazas de muerte y cargos penales.

Violación sin fin

Para los pueblos indígenas el 2009 fue un año de luto permanente. El número de personas asesinadas fue de 106, con un aumento del 67 por ciento con respecto a 2008, cuando hubo 71 víctimas. Los pueblos Awá y Nasa Páez han sido los más afectados, con 60 y 21 asesinatos respectivamente. La violencia contra los indígenas se intensificó en Nariño, Cauca, Risaralda, Antioquía y Córdoba. El gobierno registra continuas amenazas de las FARC y de las bandas emergentes contra las organizaciones sociales que defienden los derechos de los indígenas, como la Unidad Indígena del Pueblo Awá, UNIPA, en Nariño; la Alianza Social Indígena, ASI; la directiva del Cabildo de Jambaló; el resguardo indígena Cerro Tijeras, en Santander de Quilichao; y líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC y de los resguardos del municipio de Inzá (Cauca).

En comunidades indígenas y afrocolombianas de Cauca, Chocó, Nariño y Risaralda se reportaron muertes de niños y niñas causadas por desnutrición. Además, aquellas se han visto afectadas por el desarrollo de “megaproyectos" de exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios sagrados en Antioquia, Caldas, Cauca y Chocó, respecto de los cuales han denunciado la falta de consulta previa, libre y suficiente. Algunos de los líderes que participaron en procesos de consulta y espacios de concertación han sido asesinados. La Corte Constitucional alertó sobre el hecho de que el conflicto armado interno podría causar el exterminio cultural o físico de numerosos pueblos indígenas y ordenó diseñar y poner en funcionamiento planes de salvaguarda étnica para 34 de ellos. Hasta la fecha, y a pesar de los esfuerzos de concertación adelantados entre el Gobierno y organizaciones indígenas, estos planes continúan en fase de diseño.

Los positivos no son tan falsos

Especialmente en lo que respecta a los mal llamados “falsos positivos”, el Presidente electo tiene la oportunidad y el más grande desafío de garantizar la completa independencia de la justicia ordinaria y, más aún, de poner a su servicio todas las herramientas que tenga a su alcance para que este capítulo oscuro de la historia reciente del país no quede en la impunidad. Y digo especialmente por el hecho de haber estado al frente de la cartera de Defensa cuando estas ejecuciones se llevaron a cabo de “manera más o menos sistemática por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército” [7].

No obstante que el Ministerio de Defensa publicó nuevas reglas de enfrentamiento y un Manual de Derecho Operacional, que contiene importantes directrices para el respeto y promoción de los derechos humanos, son más de dos mil las familias que reclaman justicia y castigo para los responsables. En 2009 el CINEP registró 16 nuevos casos de “falsos positivos”[8].

Un episodio que pone en duda la capacidad de la justicia colombiana para aclarar estos hechos y castigar a los responsables salió a flote esta semana. Un juez penal militar declarado insubsistente denunció que su salida de la institución tenía que ver con las investigaciones que adelantó por ‘falsos positivos’ en Urabá y Boyacá[9]. Ni el Ministro de Defensa ni el Comandante de las Fuerzas Militares han desmentido al ex funcionario.

En septiembre de 2009, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía había asumido la investigación de 1.273 casos, con un total de 2.077 víctimas (122 de ellas mujeres y 59 menores de edad) en 29 departamentos.

Hasta el momento existen 109 resoluciones de acusación formuladas, 38 casos con condena y 3 sentencias absolutorias. Pero la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos registró amenazas de muerte, un homicidio y un intento de asesinato contra dos familiares de víctimas. Inclusive, miembros activos de la Fuerza Pública que han decidido colaborar con la justicia han recibido amenazas.

Carne de cañón

De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR “durante los últimos dos años, la principal causa del desplazamiento forzado ha sido el reclutamiento forzado de niños indígenas por grupos armados ilegales”. La Defensoría del Pueblo indica que en el Tolima los grupos armados ilegales utilizan a los niños y jóvenes como carne de cañón, es decir, ubicándolos al frente durante las confrontaciones armadas. Según las cifras que manejan las organizaciones no gubernamentales, entre 8 y 13 mil niños, niñas y jóvenes hacen parte de estas estructuras ilegales. Los datos del gobierno señalan que en los últimos diez años más de 4 mil niños, niñas y jóvenes fueron desvinculados de las mismas.

El enemigo no es el enemigo

Como se puede observar la situación humanitaria en Colombia continúa siendo un desafío de primer nivel, máxime cuando en los últimos ocho años se negó su origen (el conflicto armado) y su gravedad, y en consecuencia no se llevaron a cabo acciones gubernamentales que permitieran enfrentarla de manera integral y estructural.

El presidente Santos no puede desperdiciar la oportunidad de asumir el problema desde una estatura ética acorde con el sufrimiento de las víctimas del conflicto. Para ello es preciso en primer lugar aceptar su existencia, y luego trabajar por una salida negociada que permita llegar a una paz duradera, basada en cambios estructurales en lo que se refiere a oportunidades legítimas y equidad social. Lo anterior rodeándose de la Comunidad Internacional y reconstruyendo los puentes con las organizaciones sociales, lo que no quiere decir otra cosa que verlas como aliadas estratégicas y no como enemigas.

Un paso adelante en este sentido sería aprovechar las mayorías en el Congreso para trabajar en la formulación y aprobación de la ley de víctimas, en concertación con sus propias organizaciones, “lo que garantizaría un marco legal que contribuya a la restitución y protección de todos sus derechos, empezando por el reconocimiento de su situación”[10] y siguiendo con la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.

La tarea es de toda la sociedad, pero por ahora, el Presidente electo tiene la palabra. Él dirá.

Notas de pie de página

[1] Observatorio de derechos humanos de la Vicepresidencia de la República. Informe 2009. http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/documentos/
Indicadores/obs_indicadores_dic2009_100528.pdf

[2] Datos de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado

[3] Van 19 niños masacrados en Colombia desde agosto. http://www.semana.com/noticias-conflicto-armado/van-19-ninos-masacrados-colombia-desde-agosto/129807.aspx

[4] Un accidente es un “acontecimiento indeseado causado por minas antipersonal o municiones sin explotar que causa daño físico y/o psicológico a una o más personas”.

[5] Incidente es “un acontecimiento relacionado con minas antipersonal o municiones sin explotar, que puede aumentar hasta un accidente o que tiene el potencial para conducir a un accidente”.

[6] Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República.

[7] El Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, durante su visita en junio de 2009.

[8] Una ONG colombiana denuncia ante EEUU que los 'falsos positivos' no han desaparecido http://www.europapress.es/latam/colombia/noticia-colombia-ong-colombiana-denuncia-eeuu-falsos-positivos-no-desaparecido-20100417045547.html

[9] "Capitán nunca juzgará a coronel" http://www.semana.com/noticias-nacion/capitan-nunca-juzgara-coronel/141923.aspx

[10] Duque, María Victoria, Video Columna en Razón Pública, en:www.youtube.com/watch?v=TWoKZKcMn4o


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